Los atropellos en Formosa por Jorge Elías

Un retén policial detuvo el vehículo en el cual iba Vicente Antonio Palacio, médico, 63 años, de la ciudad de Formosa a Mojón de Fierro. Conducía su esposa por un camino rural mientras Palacio, que iba a ver a un paciente, cebaba mate con el barbijo sobre su falda. Eso ocurrió en agosto de 2020. Lo condenaron al año siguiente a pagar una multa de 26.000 pesos, realizar trabajo comunitario o 10 días de cárcel.

Sus abogados, cuenta Palacio, le recomendaron que hiciera trabajo comunitario como médico, asistiendo a pacientes con COVID-19. Se rehusó porque, explica, “no cometí delito alguno”. Estuvo dos días preso en una comisaría, exponiéndose por padecer diabetes y, luego de declararse en huelga de hambre, quedó bajo arresto domiciliario.

En la provincia argentina de Formosa, gobernada desde 1995 por Gildo Insfrán, “uno de los mejores políticos y seres humanos” que conoce el presidente Alberto Fernández, las arbitrariedades han llegado al extremo elevar denuncias ante la ONU por violaciones de los derechos humanos, como confinar a personas no enfermas en centros de aislamiento, impedirles el ingreso a sus residentes y reprimir concentraciones contra las restricciones.

El caso de Palacio refleja una realidad angustiante: “Acá, en Formosa, no somos dueños de nuestra libertad”, dice. De ser así, ¿por qué Insfrán ha sido reelegido seis veces? “No es reelegido. Compra sus mandatos. Vienen a votar 15.000 paraguayos cada dos años porque reciben jubilación, planes sociales o plata. Esta gente no tiene escrúpulos”.

¿A qué se debe el apoyo del gobierno nacional? “Ellos sueñan manejar Argentina como Gildo maneja Formosa”, responde Palacio.

En términos médicos, Palacio habla de “un tumor súper maligno que podría extenderse a todo el país”.

En términos jurídicos, el abogado Osvaldo Pérez Sammartino, profesor de Derecho Constitucional de la UBA y de la Universidad de San Andrés, cree que en Argentina “es mala la judicialización de la política y la politización de la Justicia”, ya que “el Poder Judicial no está para dirimir cuestiones de orden político”, como, por ejemplo, “el manejo del presupuesto”.

Según Pérez Sanmartino, los decretos de necesidad y urgencia dictados por el gobierno nacional “son manifiestamente anticonstitucionales”.

En términos políticos, el consultor Felipe Noguera concluye: “Los políticos suelen perderse en su propio mundo, como si hablaran entre sí”.

La solución, dice, “no es que se vayan todos, sino que vengan todos”.

Es decir, que la gente participe más en la política para evitar arbitrariedades o caer, como en 2001, en una reacción colectiva como “que se vayan todos”.

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