La información pública también es víctima del coronavirus: diez temas sobre los que deberíamos saber más por José Crettaz
Por José Crettaz
¿Por qué la Argentina está al final de la lista de países en cantidad de testeos? ¿Por qué sigue habiendo 10.000 argentinos varados en el exterior sin poder volver a su país? ¿Cuál es la situación entre el personal médico y en qué estado se encuentra el sistema sanitario? ¿Cuál es el plan económico para sobrellevar la crisis y salir de ella? ¿Por qué existen tantas fallas de coordinación? ¿Cuál es la situación en los conurbanos? ¿Por qué no funcionan los poderes Legislativo y Judicial?
El periodismo profesional busca, verifica y difunde información de interés público. Debe hacerlo consultando a todas las fuentes, protegiendo a los indefensos y siguiendo estándares de calidad y ética. Esa es siempre su colaboración a la construcción de una sociedad abierta, democrática y en paz. Ayudar a cada grupo social y a cada individuo a conocer y jerarquizar lo que pasa es un objetivo que para el periodismo está por encima de cualquier otro.
El periodismo no gobierna ni ayuda a gobernar, controla e investiga a quienes gobiernan y a quienes aspiran a gobernar. No provee de productos o servicios al mercado, controla e investiga a quienes lo hacen. No puede ser sólo un aliado acrítico de otras organizaciones sociales, empresariales, culturales o asistenciales. No es un simple pone-micrófono.
Es cierto que no todo periodismo es periodismo de investigación. También está el que aporta datos útiles, con información cotidiana muy relevante para los públicos. El llamado periodismo de servicios es especialmente importante en contextos críticos como el que transitamos. Y claro, también está el periodismo especializado que de tan enfocado a veces pierde el contexto, como parece haber ocurrido en Argentina con quienes se dedican a la salud y la ciencia.
Tras casi tres meses de desconcierto (enero, febrero y marzo), apelación a la fuente única oficial e inédito alineamiento “malvinero”, el periodismo argentino (uno de los más ricos y sólidos de la región), parece haber retomado su senda profesional. Fueron un par de periodistas los que dijeron “el rey está desnudo” y alertaron sobre el sobreprecio pagado en la compra de alimentos que, paradójicamente, tienen precio máximo. El #fideogate, que provocó cambios menores en el gobierno y la marcha atrás parcial en la medida, puso en evidencia un tema de fondo: la administración de los fondos públicos en la pandemia donde la corrupción se puede disfrazar de urgencia.
En parte, ese despertar tiene que ver con los errores evidentes (es decir, absolutamente inocultables) de la propia administración, como la desorganización en el pago de jubilaciones y beneficios sociales. En tiempo de redes sociales no existe blindaje mediático posible para nadie y menos si el “error” está parado masivamente en la puerta de los bancos durante horas. De hecho, están siendo los usuarios informados, algunos de ellos periodistas o los protagonistas de los hechos, quienes desde las redes -en todo el mundo- están empujando la agenda de los medios mainstream.
Entrado el mes de abril, la mejora en la calidad de la información se debe sobretodo al trabajo de periodistas puntuales, dentro de grandes e históricas redacciones -las que siguen produciendo el grueso de las noticias-, a integrantes de nuevos microemprendimientos editoriales -de creciente relevancia en segmentos de público- o profesionales que funcionan como lobos solitarios en las redes sociales haciendo “periodismo de guerrilla” (permítanme con esta expresión un pequeño un homenaje a Julio Blanck).
Los siguientes son algunos de los temas que, en lo personal, creo que podrían tener una cobertura más amplia y federal (más tiempo, mayor profundidad, con más datos duros -en lo posible con periodismo de datos-, historias personales que ofrezcan la dimensión humana del drama, con contexto, y escala nacional e internacional):
- La cantidad de testeos, escasísima en comparación con cualquier otro país afectado por la pandemia (y sin indicios de mejorar). Aunque constantes en muchos medios, las referencias han sido mayormente secundarias, al pasar y sin mayor profundidad sobre una cuestión que plantea dudas sobre la calidad de las estadísticas sanitarias sobre la pandemia en la Argentina, un país que ya demostró estar dispuesto a destruir su sistema estadístico público y tolerar esa situación durante casi una década. Durante semanas la información sobre los casos totales testeados no se dio completa y obligó a estimar ese número. Con frecuencia, tal vez por el horario de corte, los datos nacionales no coincidieron con los provinciales (y en algunas jurisdicciones provinciales tampoco coincidieron con los ofrecidos por administraciones municipales). A diferencia de lo ocurrido en otras naciones afectadas, en la Argentina prácticamente no sabemos nada acerca de las compras públicas de reactivos, quiénes los proveen, cuánto costaron y cuándo y en qué cantidades llegarán. Tampoco se sabe por qué demoró tanto -y aparentemente sigue demorando- la descentralización de los estudios de laboratorio. A pesar de la inflación de especialistas consultados, tampoco se profundizó en cómo el resto del mundo está contando sus casos y sus muertos (se trate de Alemania o de Venezuela), con qué demora y siguiendo qué criterios.
- La no repatriación (o repatriación selectiva) de argentinos varados en el exterior. Olvidados por su país y por el periodismo de su país, miles de argentinos siguen tirados en distintos lugares del mundo. Si para algo existen los estados-nación es para que toda persona tenga un lugar propio donde nacer, morir y refugiarse. No parece ser el caso de la Argentina, que -a diferencia de lo realizado por otros países de la región- dejó conciudadanos librados a su suerte y convertidos en parias (que, en el mejor de los casos, son enviados como paquetes por países que prefieren no tenerlos en su territorio). No se sabe por qué tras el cierre de fronteras y con connacionales pidiendo ser repatriados en muchos sitios, sólo se fletaron aviones hacia algunos contados destinos. Mucho antes, debimos enterarnos por el community manager de una aerolínea extranjera que miles de argentinos quedaron varados no por la mezquindad de las empresas, sino por la impericia del gobierno argentino que impidió los vuelos y obligó a comprar pasajes de retorno en Aerolíneas Argentinas en viajes presentados ante la opinión pública como salvadores.
- Los contagios en la comunidad médica y las fuerzas de seguridad. En varios de los países afectados por la pandemia el personal médico y de las fuerzas de seguridad está entre los grupos más afectados, algo relativamente lógico por estar en la primera línea de atención. De hecho, por eso se los aplaude en medio mundo. En la Argentina esa información parece tabú. Y cuando emerge, como ocurrió efímeramente sobre los policías infectados en Tierra del Fuego o los médicos en Chaco, rápidamente desaparecen de la agenda. Para desactivar la difusión de los casos de Tierra del Fuego -el contagio de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria- operó un vocero de la Presidencia de la Nación -tal como nos consta a muchos periodistas- y los casos del Chaco salieron en parte a la luz por la polémica y torpe tapa de un diario correntino. Tampoco hay mayores indicios ni verificación de los casos de médicos despedidos por reclamar insumos y equipos apropiados para protegerse del virus, ni de las protestas en hospitales de provincias (como en Tucumán) por el mismo motivo ni de los pedidos de ayuda que los profesionales de distintos hospitales vienen haciendo en sus redes sociales.
- La cuantificación del impacto económico de la cuarentena, en especial en el empleo, la inflación y las exportaciones. Los sindicatos, tan afectos a los pronósticos catastróficos cuando no gobierna su partido, no han mencionado cifras, pero no deben ser difíciles de estimar, en especial en las actividades que están completamente paralizadas. Además, ¿cuánto impactará en el proceso inflacionario la creciente emisión monetaria destinada al mayor gasto derivado de la atención de la pandemia? ¿Cuánto dejará de recaudar el Estado por la parálisis económica? ¿Es posible bajar los impuestos o ya se da por descontado que grandes porciones de las familias y las empresas simplemente no los pagarán? ¿Volverán las cuasimonedas? Aunque sólo sea para no desmoralizar, el hecho de no dar información sobre cómo podría evolucionar la situación económica impide a la sociedad y a los individuos prepararse para lo que viene con datos, información y pronósticos fidedignos y argumentados. Si bien el gobierno nacional limitó las conferencias de prensa, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, sigue ofreciendo entrevistas exclusivas con periodistas seleccionados por su equipo. En esas oportunidades de lujo no se escucharon -al menos yo no escuché- preguntas acerca del plan económico y los pasos a seguir para evitar el colapso en un país en eterna crisis.
- El levantamiento de fronteras interiores, la falta de coordinación y los excesos estatales. Podrían tener una mayor cobertura los enfrentamientos interprovinciales -que dieron lugar a inéditos apátridas varados en su propio país- y el bloqueo con montículos de tierra del acceso a distritos municipales como si no existiera una Constitución Nacional que lo prohíbe expresamente. Esa falta de coordinación también se observa en las ciudades que impiden la circulación del transporte de granos hacia los puertos, el accidentado lanzamiento del trámite a distancia del permiso único para transitar y la desorganización en el pago de los beneficios sociales. Además, aunque tal vez sean aislados, se registran episodios de abusos de las fuerzas de seguridad en el control del aislamiento social obligatorio, la militarización del discurso de los funcionarios que conducen la policía, la incautación abusiva de vehículos y otros excesos de la Justicia en la aplicación del derecho penal a simples contraventores que terminaron equiparados con delincuentes peligrosos que, paradójicamente, gozan de libertad. También se ven algunos excesos en la aplicación del delito de intimidación pública a quienes presuntamente publicaron falsedades en sus redes.
- La situación en los conurbanos empobrecidos. El estado en el que se encuentran los conglomerados en los que se registran situaciones de hacinamiento, inseguridad y falta de acceso a servicios básicos, es esbozada en términos abstractos con escasas o nulas referencias a situaciones concretas (a villas miserias puntuales). Y con poquísimas imágenes -nunca en directo- que reflejen esas realidades, en tiempos en los que se dispone de drones y videovigilancia pública masiva. La aparente preocupación de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales -que estiman la dimensión de la pobreza del país entre el 30 y el 40 por ciento de la población- no se refleja en una cobertura informativa equivalente.
- La inactividad de los poderes Judicial y Legislativo. Salvo para excarcelar dirigentes políticos condenados por corrupción, el servicio de justicia está paralizado. Que la Justicia esté funcione y no pase nada diferente del estado previo anterior debería llamar la atención de todos. Además, ¿por qué si la educación, el mundo laboral, las reuniones del Presidente y los gobernadores, los cumpleaños y hasta las charlas entre amigos pueden hacerse por videoconferencia, las audiencias judiciales no? También es inédito, como la pandemia, el cierre del Congreso Nacional. Justo cuando es en este tipo de situaciones que las instituciones de la Constitución son más necesarias para gestionar la crisis, brindar los instrumentos jurídicos apropiados, lograr los consensos políticos y canalizar las demandas y reclamos de la sociedad. En este contexto, es particularmente llamativa la ausencia de la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Kirchner, algo que también merece referencias anecdóticas.
- La escasez de algunos productos básicos. Aunque no es significativo, es notable la falta de algunos bienes en los comercios habilitados para venderlos. Más allá del alcohol en gel o los barbijos -inexistentes desde hace meses por su alta demanda-, probablemente las razones de esos faltantes sean las dificultades en la cadena logística, las listas de precios máximos que desalientan la comercialización en un contexto inflacionario y la absurda persecución de almacenes de barrio delegada por la administración nacional en los intendentes. Tampoco se ha visto reflejada en la información pública los cambios en los horarios de muchos comercios causados no por los DNU, sino por el temor a los robos en barriadas desiertas.
- La estructura y perfil actual del sistema sanitario argentino. El estado de los hospitales públicos y sus servicios de terapia intensiva (¿cuántas camas reales hay? ¿cuántas de ellas en el conurbano?) y la confiscación de respiradores adquiridos por jurisdicciones gobernadas por la oposición para dárselos a las lideradas por el oficialismo nacional son otro de los aspectos que pasan inadvertidos. Se empezaron a construir hospitales de campaña en predios feriales y grandes espacios abiertos de los que no se ven demasiadas imágenes. En este punto podríamos sumar otro tema de la agenda de la salud, que al principio de la pandemia parecía más relevante y ahora que claramente es igual de relevante no aparece en ningún lado: el dengue. En el Norte y el Centro del país los tests se hacen por duplicado, dengue y coronavirus, y el primero va ganando ampliamente la carrera hasta ahora. Pero no está siendo televisada.
- Restricciones al acceso a la información, uso partidario de medios públicos y publicidad oficial. A medida que fueron pasando las semanas se fueron afianzando limitaciones al acceso a la información a los ciudadanos -como en el caso de los testeos- y a los periodistas. Esa situación se caracterizó por la reducción de las conferencias de prensa a simples anuncios públicos sin posibilidad de preguntar. Con la anuencia de muchos periodistas, los propios funcionarios explicaron a los medios la estrategia de no dar conferencias de prensa reales para no “diluir el mensaje” de los funcionarios. Tampoco resultan alentadoras en este aspecto el regreso de la utilización partidaria de los medios públicos, como ocurrió con la entrevista que la titular de RTA, Rosario Lufrano, le realizó al presidente Alberto Fernández, la suspensión de las exigencias mínimas para el acceso a publicidad oficial y la apelación a ciberpatrulajes para medir el “humor social”. También parece haber una sobrexpecativa sobre el papel que los medios tradicionales, en especial la TV, pueden tener como herramienta para la educación formal mientras dure la cuarentena (pareciera que se pretender resolver con programas de televisión lo que debiera hacerse poniendo a directores y docentes a contactar a sus alumnos de las maneras en las que estos puedan ser alcanzados). El discurso oficial que desprecia la formación de niños y jóvenes que en sus hogares disponen del bien imprescindible para el estudio, el tiempo, no parece alentar el esfuerzo que están haciendo cientos de miles de maestros para que los estudiantes no pierdan el año y pasen por decreto.
Marcela Fittipaldi
Periodista.Editora marcelafittipaldi.com.ar. Ex-editora Revista Claudia, Revista Telva España, Diario La Nación, Diario Perfil y revistas femeninas de la editorial