¿Justicia o venganza en Bolivia? por Jorge Elías

Treinta años de prisión pidió el ministro de Justicia y Transparencia de Bolivia, Iván Lima, para la expresidenta Jeanine Áñez, detenida en forma preventiva durante cuatro meses que, ante la posibilidad de fuga, pasaron a ser seis. La acusan de terrorismo, sedición y conspiración.

Causas, en apariencia, de la renuncia de Evo Morales, en 2019, después de haberse presentado para un cuarto mandato en las elecciones a pesar de haber sido vetado en el referéndum de 2016.

Áñez, trasladada de la cárcel de mujeres a Obrajes a la de Miraflores cuando creyó que iba a ser asistida por un cuadro de hipertensión, aduce que no provocó el mentado Caso Golpe de Estado.

Tanto machacan los llamados progresistas latinoamericanos con la teoría del lawfare, cual guerra judicial o jurídica contra gobiernos salpicados por escándalos de corrupción, que uno de los suyos, el de Luis Arce, exministro de Economía de Morales, culpa a Áñez del golpe de Estado, pero pasa página de uno de sus artífices en caso de haberlo sido, Luis Fernando Camacho, nuevo gobernador de Santa Cruz.

Camacho, alias El Macho, empuñaba la Biblia y, a coro con el comandante en jefe de las fuerzas armadas, Williams Kaliman, sugería la salida de Morales para evitar un derramamiento de sangre, al igual que la Central Obrera Boliviana (COB).

El lawfare al revés, de la izquierda contra la derecha, requiere una reivindicación de Morales

Áñez era la vicepresidenta segunda del Senado cuando asumió la presidencia transitoria de Bolivia merced al artículo 170 de la Constitución Política del Estado.

En ese momento hubo una avalancha de renuncias.

La de Morales y la del vicepresidente Álvaro García Linera, mientras apuraban el asilo en el exterior, y la de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, tercera de la cadena de sucesión.

El Tribunal Constitucional, máximo órgano de control constitucional, respaldó la transición mientras la calle ardía frente a una disyuntiva irresuelta: ¿fraude o golpe?

La misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) demostró que Morales había estrujado la Constitución para mantenerse en el Palacio Quemado.

Primero, al no aceptar el rechazo del pueblo para ser nuevamente candidato.

Segundo, al presionar al Tribunal Supremo Electoral para que lo habilitara como presidenciable de manera indefinida con la excusa de  respetar los derechos humanos.

Un argumento endeble que profundizó la fisura de Bolivia, así como, durante el gobierno interino de Áñez, la violencia y la represión. Hubo 36 muertos, 800 heridos y más de 1.500 detenciones ilegales.

La revancha no respeta colores políticos en América latina.

El gobierno de Arce se alinea con los defensores de Lula, Rafael Correa, Cristina Kirchner y otros líderes salpicados por escándalos de corrupción.

Áñez no carga con esa cruz, sino con la de haber evitado un fraude,  según los suyos, o con la de haber precipitado la caída de Morales, según los otros.

¿Justicia o venganza? Sobre esa disyuntiva cabalga su detención o, acaso, sobre el fraude, primero, y el golpe, después, como expone el periodista y escritor boliviano Fernando Molina.

Morales renunció el 10 de noviembre de 2019. Luego partió rumbo a México y Argentina.

Áñez debería ser juzgada por el Congreso, pero el MAS no cuenta en ese ámbito con los dos tercios necesarios

Camacho ganó las elecciones regionales de Santa Cruz con el 55 por ciento de los votos.

De no haber un tufillo político en la causa contra Áñez y algunos de sus ministros, dos de los cuales también están detenidos, los fiscales debieron ordenar su arresto.

El lawfare al revés, de la izquierda contra la derecha, requiere una reivindicación de Morales.

La causa debió ser por los excesos del gobierno anterior, a la luz de las masacres de Senkata y Sacaba, en lugar de achacarle el golpe.

Áñez debería ser juzgada por el Congreso, pero el MAS no cuenta en ese ámbito con los dos tercios necesarios.

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos han pedido que los detenidos cuenten con garantías para ejercer su defensa

“Sin duda, hay razones para juzgar a Áñez y otros miembros de su gobierno, pero mejor sería especificar delitos concretos –por ejemplo, respecto de las represiones en Senkata y Sacaba– y no mezclar todo, lo que, al margen de los problemas propiamente judiciales que ello implica, tiene consecuencias políticas: mostrar a un gobierno revanchista, después de haber recuperado el poder, de manera incuestionable, por la vía electoral”, esgrime Pablo Stefanoni, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad.

La falta de autonomía del aparato judicial boliviano, al servicio del gobierno de turno, lleva a los políticos presos a llamarse presos políticos.

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos han pedido que los detenidos cuenten con garantías para ejercer su defensa.

Un reclamo frecuente a gobiernos autoritarios, no a uno democrático casi a estrenar que arrasó en las presidenciales de octubre de 2020, pero no oculta sus diferencias internas.

Jorge Elías

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