Nuevo estudio: barreras «invisibles» y cupos frenan la cirugía bariátrica en Argentina

Una ley que no llega al paciente: burocracia, cupos y disputas económicas frenan el acceso a la cirugía bariátrica en Argentina

Un nuevo estudio revela que, a pesar de contar con la Ley de Trastornos Alimentarios (26.396), los pacientes enfrentan barreras administrativas invisibles y restricciones geográficas que dilatan o impiden una cirugía vital para su salud.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2025 -La obesidad severa es una crisis de salud pública en crecimiento en Argentina, afectando a más del 25% de la población1. Aunque la cirugía bariátrica y metabólica está reconocida como un tratamiento seguro, eficaz y de cobertura obligatoria por ley, una nueva investigación publicada en la revista Medwave expone que la realidad de los pacientes es muy distinta a lo que promete la normativa.

El estudio, titulado «Percepciones de cirujanos y financiadores sobre barreras de acceso a la cirugía bariátrica y metabólica en Argentina«, analiza a fondo por qué el sistema falla en conectar a los pacientes con la solución médica que necesitan.

El laberinto burocrático: la nueva barrera

La investigación, basada en entrevistas en profundidad a cirujanos especialistas y auditores de obras sociales y prepagas, detectó que la principal traba ya no es médica, sino administrativa.

Si bien la Ley 26.396 garantiza la cobertura, su implementación práctica es heterogénea y, a menudo, discrecional. El estudio identifica que las obras sociales y prepagas imponen «cupos» mensuales (límites en la cantidad de cirugías autorizadas) que no figuran en la ley, generando listas de espera artificiales de cientos de pacientes.

«Te autorizan la cirugía, pero te dicen que podés operar dos por mes. Eso limita nuestra capacidad y genera listas de espera innecesarias«, relata uno de los cirujanos consultados en el estudio.

Tensiones entre médicos y financiadores

El informe destapa una fuerte tensión entre los equipos médicos y los pagadores del sistema de salud:

• La visión de los cirujanos: perciben que los requisitos prequirúrgicos excesivos y los tiempos de espera burocráticos funcionan como una «estrategia de desgaste» para que el paciente abandone el proceso. Además, han comenzado a cambiar su discurso, hablando de «enfermedad metabólica» en lugar de solo obesidad, para legitimar la urgencia médica del procedimiento ante los auditores.
• La visión de los financiadores: argumentan que los controles estrictos son necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema y para asegurar que el paciente esté realmente preparado, evitando gastos en intervenciones que podrían fracasar por falta de adherencia.

Desigualdad geográfica y disputas por costos

El acceso a la salud depende drásticamente de dónde vive el paciente. El estudio confirma que existen profundas desigualdades entre los grandes centros urbanos y las provincias del interior, donde la falta de infraestructura y equipos interdisciplinarios obliga a los pacientes a traslados costosos.

También, se alerta de problemas que se generan entre médicos y aseguradoras sobre la cobertura de insumos indispensables, a raíz de los sistemas de financiamiento de las cirugías. Estos problemas generan disputas administrativas dilatando los tiempos de autorización y afectando la disponibilidad de la operación.

Los autores del estudio concluyen que la existencia de la ley no es suficiente. Para garantizar el acceso efectivo, es urgente establecer mesas de diálogo entre médicos y financiadores que permitan unificar criterios, eliminar la burocracia innecesaria y planificar un financiamiento sostenible que no tome al paciente como variable de ajuste.

(1) Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC); Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación. 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo Resultados definitivos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2019.| Link

Acerca del Estudio: el trabajo fue realizado por Paulina Siciliani, Mariana Glancszpigel y Daniela Paredes, y publicado en Medwave en 2025. El estudio cualitativo incluyó a referentes del sector público y fue realizado por la consultora 3Eff.