El agua que bebemos: la Corte bonaerense reconoció un derecho y dejó en evidencia una amenaza invisible

Por Pablo Martelli, Director General de Hidrolit

 

La reciente decisión de la Corte Suprema bonaerense en el caso Chivilcoy marca un quiebre en el debate sobre salud pública y acceso al agua en Argentina. Tras más de diez años de reclamos, la Justicia ordenó garantizar agua libre de arsénico a los vecinos de la ciudad, obligando a la empresa proveedora a construir una planta de ósmosis inversa y a realizar controles periódicos. El fallo no solo reconoce un derecho humano básico, sino que también visibiliza un problema que afecta a millones de personas en todo el país.

 

El arsénico es un contaminante natural que se encuentra en los suelos y napas de gran parte del territorio argentino. Es incoloro, inodoro e insípido, lo que lo vuelve casi imposible de detectar sin análisis específicos. Sus consecuencias, sin embargo, son muy concretos: la Organización Mundial de la Salud lo asocia a lesiones cutáneas, enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer cuando se lo consume de forma prolongada en concentraciones superiores a los 0,01 mg/l. Un reciente estudio de la Universidad Nacional de Rosario estima que cerca de 17 millones de personas en Argentina estarían expuestas a niveles por encima de este límite.

 

Aunque el caso de Chivilcoy no es un hecho aislado, sino señal potente de que la Justicia argentina comienza a reconocer el derecho al agua segura. La problemática, sin embargo, trasciende fronteras provinciales: estudios del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) muestran concentraciones de este metal pesado que superan ampliamente los valores guía en zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y La Pampa. 

Esta problemática, también atraviesa a otros países de la región: en México, por ejemplo, más de 400 municipios de los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila enfrentan situaciones similares, con niveles de arsénico muy por encima de los parámetros seguros, lo que obligó a implementar sistemas de remoción específicos a escala comunitaria.

 

La sentencia sienta un precedente jurídico que seguramente inspirará nuevos reclamos en distintos territorios. Pero mientras los procesos judiciales avanzan y las obras estructurales se ejecutan, es clave impulsar un enfoque complementario que combine políticas públicas robustas con tecnologías accesibles y descentralizadas. La filtración de metales pesados en el punto de consumo —ya sea en hogares, escuelas o centros de salud— aparece como una de las alternativas más inmediatas y sostenibles para proteger la calidad del agua que llega a las personas.

 

Existen en la actualidad sistemas de filtración domésticos e industriales capaces de remover el arsénico en un 99,99% sin generar residuos líquidos peligrosos. Además de garantizar agua libre de contaminantes, cada equipo instalado evita el consumo de miles de botellas plásticas al año, lo que los convierte en una herramienta ambientalmente más responsable. Estas soluciones, lejos de reemplazar al Estado, actúan como un puente que permite reducir riesgos sanitarios mientras las infraestructuras mayores se consolidan.

 

La contaminación por arsénico en Argentina tiene un origen natural —presente en suelos y napas—, sin embargo, la falta de infraestructura e inversión en plantas de tratamiento profundiza la crisis. La construcción de soluciones centralizadas es costosa y lenta. Mientras tanto, millones de personas siguen consumiendo agua contaminada.

 

La respuesta requiere un enfoque complementario. Mientras las resoluciones se implementan y las obras avanzan, la tecnología y la conciencia ciudadana siguen siendo las herramientas más efectivas para enfrentar esta pandemia silenciosa.

 

El desafío del agua segura en Argentina ya no es invisible ni postergable. El fallo de Chivilcoy demuestra que la Justicia puede ser una aliada en la defensa de derechos básicos.

La innovación tecnológica, sumada a la presión ciudadana, será decisiva para transformar este precedente en un verdadero cambio de paradigma: el del agua como bien común, protegido colectivamente pero también defendido a través de decisiones informadas y responsables, desde cada canilla, cada escuela y cada comunidad.