SIN JUSTICIA NO HAY FUTURO Por la Lic. Alejandra Perinetti

Por la Lic. Alejandra Perinetti, Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina 

El Poder Ejecutivo inicia el año poniendo en agenda pública y parlamentaria el debate de la baja de la edad de imputabilidad penal. Una  discusión que, en un año electoral, parece obedecer a una demanda de sectores y discursos radicalizados del electorado que pugnan por una política de mano dura, más que a datos estadísticos que den cuenta de la necesidad o efectividad de ello.

No existen estadísticas nacionales oficiales sobre delito lo que hace más llamativa aun la propuesta de reducir la edad de imputación penal dado que la eficacia de una política pública se asienta sobre la pertinencia de la misma para resolver el problema dado. Los datos de la provincia de Buenos Aires, donde reside el 40% de la población del país, exponen apenas un 3% de delitos cometidos por personas menores de 18 años. Una cifra similar se observa en la Ciudad de Buenos Aires. Con este dato, es evidente que enfocarse en los adolescentes no resolverá el problema de la inseguridad.

Es vital aclarar que el Estado argentino adeuda un Sistema Penal Juvenil que pueda dar una respuesta específica, integral y transversal a las situaciones que involucran a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, motivo que incluso le ha valido señalamientos al respecto por parte de organismos internacionales. Sin embargo, de ningún modo disminuir la edad de imputación penal lo resolverá.

Establecer la punibilidad a los 15 años contradice las recomendaciones del derecho internacional y de la legislación nacional vigente, además de violar el principio de progresividad de las leyes. Disminuir la edad de punibilidad no ha demostrado en ninguno de los países que lo han aplicado ser una medida efectiva para combatir el crimen y el delito.

Revisar el actual sistema penal aplicado a adolescentes y jóvenes para la franja entre 16 y 18 años es realmente necesario. En la actualidad, se rige por la Ley 22.278 denominada “Régimen Penal de la Minoridad” sancionada en 1980 en el contexto de dictadura militar. Esta Ley, no brinda las garantías procesales necesarias para el cumplimiento del derecho a ser juzgado y sancionados de los adolescentes y jóvenes. Esto hace que, muchas veces, sean condenados sin los procesos correspondientes y sin posibilidad de defensa acorde. En otras palabras,  resultan privados de libertad por situaciones por las que un adulto no lo es y son sometidos a mayor discrecionalidad de los jueces que intervienen en sus causas, incluso pierden la libertad sin haberse probado su participación en los delitos que se les acusa.

Los niños, niñas y adolescentes son un grupo particularmente vulnerable y desde hace años son protagonistas de un desesperanzador fenómeno: la infantilización de la pobreza. En un contexto país con un casi 30% de población viviendo en condiciones precarias, la incidencia en la niñez es desproporcionadamente mayor, más de la mitad de los niños y adolescentes de nuestro país son pobres, no acceden a aspectos básicos para su desarrollo, no ven cubiertas sus necesidades de cuidados de salud, alimentación, educación, recreación, por mencionar solo algunas. Esto sumado al desmantelamiento de las escasas Políticas Públicas que tenían foco en la protección y promoción de sus derechos,  los expone mayormente ante bandas delictivas que abusan de su poder e impunidad cooptándolos.

Es fundamental entonces el encuentro de la política pública con la niñez y adolescencia previamente al conflicto con la ley penal.  La política pública con foco en niñez y adolescencia está entre las más afectadas por la iniciativa de “ajuste y austeridad estatal”. Los niños y adolescentes son los más olvidados. Las personas de entre 5 y 16 años están casi abandonadas de la protección legal y cuando son protagonistas resulta solo en función de su temprano encarcelamiento. Esto en el contexto del incumplimiento legal de designación del Defensor del Niño, que ya lleva más de 13 años de retraso. Si no fuera trágico para la vida de millones de niños y adolescentes que a diario son excluidos podría ser sólo una incongruencia más de la legislación nacional.

Es urgente que el Estado y todos sus poderes revisen el acceso al conjunto de  derechos económicos, políticos, sociales y culturales de niños, adolescentes y jóvenes. Es imprescindible enfocar en las problemáticas que los afectan estructuralmente, condicionan su futuro -y el de las próximas generaciones- y los exponen a mayor marginación, violencia, exclusión.

Un niño o adolescente que comete un delito no pierde por ello su condición de niño y como tal debe ser tratado. Esto no implica de ningún modo que no haya consecuencias por sus actos pero sí que éstas deben ser apropiadas a su desarrollo evolutivo y deben orientarse a que fortalezcan sus capacidades para integrarse a la vida en sociedad.

Sin justicia no hay futuro para la sociedad. Sin un sistema penal juvenil específico que resguarde a los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, que brinde mejores respuestas y contención y que pueda romper los círculos viciosos que reproducen la violencia social no habrá justicia. Esa es la gran deuda pendiente.