España contra Cataluña y viceversa Por Jorge Elias

El referéndum de Cataluña del 1-O, llamado desafío catalán en Madrid, ahondó la fisura de España. No sólo por la represión emprendida con saña y alevosía contra los votantes por la Policía Nacional y la Guardia Civil, a las órdenes del gobierno de Mariano Rajoy, sino también por la pasividad de Mossos d’Esquadra (policías autonómicos), a las órdenes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Esa división, pública y notoria durante la investigación y la resolución de los atentados terroristas del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, se profundizó aún más durante la bochornosa jornada que sentó las bases de la independencia de facto.

La consulta era ilegal. No tenía validez. Había sido suspendida por el Tribunal Constitucional de España. Puigdemont desoyó el dictamen, así como el Parlamento catalán. Con la violencia desatada en las calles, los catalanes en particular y los españoles en general pagaron la factura del fracaso de la alta política. Tanto de Puigdemont y de Rajoy como de los líderes del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, mientras Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, se inclina por la libre determinación de los pueblos, no prevista en ninguna ley.

El desafío catalán pasó a ser ahora la guerra de secesión de España por falta de diálogo, más allá de la prédica sobre la presunta disposición de unos y otros. ¿Qué le queda a Rajoy? Aplicar por primera vez en la historia el artículo 155 de la Constitución de 1978, de modo de suspender la autonomía y convocar elecciones en la región con el propósito de favorecer una mayoría parlamentaria alternativa al independentismo. ¿Qué le queda a Puigdemont? Apurar los trámites en el Parlamento catalán para labrar la Declaración Unilateral de independencia (DUI).

Artur Mas, predecesor de Puigdemont, fue inhabilitado para ejercer cargos políticos durante dos años por haber organizado el referéndum del 9 de noviembre de 2014. Desde 2015, los independentistas dominan el Parlamento catalán. Esta vez, a diferencia de aquella consulta, la Generalitat prometió con el apoyo de sus parlamentarios que iba a ser vinculante. La Diada (Día Nacional de Cataluña), el 11 de septiembre, fue una exhibición de poder de los independentistas, molestos con la presencia del rey Felipe VI y de Rajoy tras los atentados, en agosto. Les hicieron saber que eran personas no gratas.

Multas e inhabilitaciones no quebraron la rebeldía. Los independentistas ocultaron las urnas. A poco de iniciarse el referéndum, el Govern (gobierno catalán) estableció el censo universal. Cualquiera podía votar donde quisiera o, en realidad, donde pudiera. Una misma persona podía votar dos o más veces, según el Ministerio de Interior de España. El referéndum vulneró las garantías mínimas. No hubo junta electoral ni sistema de recuento. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros organismos internacionales, se opuso a enviar veedores.

En Cataluña, más allá del nacionalismo, prima una certeza. Transfiere recursos excesivos a Madrid. “Som una nació. Nosaltres decidim (somos una nación. Nosotros decidimos)”, fue la consigna en 2010, cuando el Tribunal Constitucional vetó 14 artículos y dejó en el aire otros 27 de los 223 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lo habían refrendado los catalanes en el referéndum de 2006.

Cataluña equivale a la economía de Portugal. Aporta un quinto del producto bruto interno de España. La crisis global de 2008 y su impacto en España levantaron nuevas ampollas por la magnitud de sus contribuciones. Puigdemont encabeza una coalición independentista en la cual su partido conservador, Convergència i Unió, ha perdido peso. Rajoy, al frente del Partido Popular, se ve a menudo debilitado por los escándalos de corrupción, también frecuentes en Cataluña. Es un juego de supervivencia política, más allá del proceso soberanista. Una trituradora de líderes en medio de convicciones, mentiras y torpezas.

Publicado en Télam

Jorge Elías

@JorgeEliasInter